Ensayo sobre el libro ‘La España Corrupta’ - Obama's Channel

Ensayo sobre el libro ‘La España Corrupta’

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El Caso Andratx, el Caso Arena, el Caso Baltar, el Caso Bankia, el Caso Biblioteca, el Caso Bitel, el Caso Blesa, el Caso Bomsai, el Caso Bon Sosec, el Caso Brugal, el Caso Barcenas, el Caso Caballo de Troya, el Caso CAM, el Caso Camps, el Caso Campeon, el Caso Carioca, el Caso Cementerio, el Caso Conde Roa, el Caso de la Construcion de Burgos, el Caso Cooperacion, el Caso Ciudad del Golf, el Caso Dívar, el Caso Lino, el Caso Roblecillo, el Caso Emarsa, el Caso Fabra, el Caso Faican, el Caso Funeraria, el Caso Guateque, el Caso Gurtel, el Caso Hugel, el Caso Ibatur, el Caso Lasarte, el Caso Liber, el Caso LifeBlood, el Caso Madeja, el Caso Naseiro, el Caso Noos, el Caso Orquesta, el Caso Over Marqueting, el Caso Palma Arena, el Caso Parques Eolicos, el Caso Patos, el Caso Piscina, el Caso Pitusa, el Caso Plan Territorial, el Caso Pokemon, el Caso Porto, el Caso Punica, el Caso Rasputin, el Caso Rato, el Caso Salmon, el Caso Scala,  el Caso Terra Natura, el Caso Torres de Calatrava, el Caso Totem, el Caso Troya, el Caso Turismo Joven, el Caso Tunel del Soller, el Caso Undangarin, el Caso Umbra, el Caso Zamora, el Caso Zeta… Tan sólo ocho letras del abecedario se quedan (de momento) sin asignación de casos. Y no me estoy refiriendo a casos de series policíacas o dibujos animados (lo del caso ‘Pokemon’ bien podría sonar a risa), sino que, todos ellos, están haciendo referencia a casos reales de corrupción en España.

Que la corrupción es un problema (y grave), parece que es asumido casi por la totalidad de la población española. Además, un mal que no se limita tan sólo al panorama político, sino que incluye a ámbitos que, si bien pueden tener alguna vinculación con la política (al fin y al cabo, la política abarca todos los ámbitos de la sociedad), en principio se les presupone ajenas a ésta; ejemplos como los del Caso Dívar (relacionado con el Consejo General del Poder Judicial), el Caso Berzosa (de la Universidad Complutense de Madrid) o el caso Urdangarín (familia Real), sirven como muestra de que no se trata de un problema circunscrito exclusivamente a aquellos que se dedican a la actividad que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas.

Es tal la magnitud de la cuestión, que la corrupción se ha convertido en la segunda preocupación de los españoles, sólo por detrás del paro. Al menos, así queda constatado en el último barómetro del CIS, del mes de marzo, donde el 72.3% de los encuestados sitúa el paro como el principal problema de España, mientras que un 44.8 opina lo propio de la corrupción y el fraude. Relacionado con estos dos aspectos, los problemas de índole económica se sitúan como el tercer quebradero de cabeza, según el 22.0% de los encuestados (CIS, 2017).

En este contexto, Jaume Muñoz Jofre (nacido en Barcelona en 1990, licenciado en Historia por la Universidad de Barcelona y doctorándose en la Universidad Autónoma de Barcelona sobre la corrupción en la Barcelona de la Restauración) presenta un estudio que intenta sintetizar la historia reciente de uno de los temas que más ha preocupado a la sociedad. El libro no sólo enumera los casos más destacados del último siglo y medio, sino que intenta comprender sus causas, sus grandes puntos de conflicto y sus consecuencias en la vida de los españoles. Si bien es cierto que no es un problema exclusivo de España, no lo es menos que se ha convertido en un rompecabezas inherente a la sociedad española. Y, a pesar de que ha habido algunos intentos de darle solución (el autor nos hablará del Regeneracionismo o el movimiento 15M), es un mal que ha logrado sobrevivir hasta nuestros días. ¿Cómo y por qué? Intentaré detallarlo en las siguientes páginas.

Análisis Sociológico

Dice la RAE, en su cuarta acepción, que corrupción es “En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”. Lo que no dice el diccionario, y hace bien, es que dicha práctica esté anclada en un determinado espacio temporal. La corrupción no entiende de épocas, no entiende de gobiernos, no entiende de democracias ni dictaduras, no entiende de movimientos sociales, y, a la historia me remito, tampoco entiende de marcos legales. Además, hay que señalar, como apunta el libro, que “el beneficio que se obtiene de la corrupción es ilegal y no siempre económico […]. Y puede manifestarse de múltiples formas: << como la malversación, el cohecho, la prevaricación, la participación en negocios prohibidos, o delitos patrimoniales comunes, como la estafa o la apropiación indebida>> (pág 3).

Pero, en todo esto, la pregunta clave es ¿cómo es posible que un mal tan perjudicial para cualquier estado (democrático o no) no haya sido (ni sea) combatido con más fuerza de la que debiera? ¿Quién es (o debe ser) el responsable de su lucha? A vuelapluma, uno podría decir que son los gobernantes de los distintos ejecutivos quienes deberían serrar de raíz este problema. Pero, cuando nos paramos a pensar y caemos en la cuenta (sin demasiado esfuerzo) de que son los mismos que deberían luchar contra ella quienes más se abrazan a la corrupción, podemos entender el porqué de su débil esfuerzo por acabar con ella. Entonces, ¿qué nos queda? Los jueces. El tercer poder, desde su inexcusable independencia, debe ser la institución que combata de la forma más eficaz los perjuicios de la corrupción. Ahora bien, debe proveérsele de los instrumentos más avanzados y de un marco legal que no les deje maniatados ni subordinados ante otros poderes. Cuestión aparte es el tema moral, y habría que discutir con Maquiavelo cuán cierto es aquello de que “el fin justifica los medios”. ¿O era Napoleón? Bueno, según 20 minutos la autoría de la frase habría que concedérsela al teólogo alemán Hermmann Busenbaum, quien dijo, literalmente, “Cuando el fin es lícito, también lo son los medios” (20minutos, 2013). Sea quien fuere el autor, el asunto es que debe dotársele a la Justicia de la máxima e independiente autoridad, a fin de que pueda llevar a cabo su labor de la forma más eficiente y efectiva.

Pero, ¿por qué de la corrupción? ¿Cómo se lleva a cabo? Pues, según Muñoz Jofre, es tarea de los sociólogos dar respuesta a esta cuestión. Yo todavía estoy aprendiendo a caminar sobre dos piernas en esta disciplina (hablo de la sociología, no de la corrupción), pero sí que doy por buena la sentencia que rezaba la circular que el Partido Popular de Calvià (segundo municipio más grande de Mallorca) les hizo llegar a sus miembros pensando en las elecciones de mayo de 2015: “No hay votante más fiel que un estómago agradecido” (pág 116). Esto venía a colación de una de las cuestiones que más difícil resultan de explicar y que, de verdad, me inquietan: ¿cómo puede ser que uno de los partidos (tal vez el que más, dado el repaso histórico del libro) que más infestado está de casos de corrupción ha podido volver a ganar las elecciones, no ya una vez, sino en más de una ocasión? El propio autor del libro nos ofrece el punto de vista de los “científicos sociales”: <<los casos de corrupción que suponen simplemente un enriquecimiento personal están castigados. Pero si es una corrupción con externalidades, en que se beneficiaban otras personas –como por ejemplo casos de recalificaciones urbanísticas–, esto no se castiga […]. Cuando la gente cree que esta corrupción puede ser beneficiosa o puede tener algún rédito para ellos, no la castiga>>. Este hecho quedaría demostrado gracias al testimonio de una vecina de León, que defendía a su exalcalde, en prisión por cohecho y blanqueo de capitales: <<El centro de salud que hizo es el mejor, y las piscinas, y los colegios>> (pág 115). Pues eso. Es decir, mientras la corrupción “no me afecte” personalmente, no me importa. Pero el problema es que sí que nos afecta real y personalmente, aunque nos de la sensación, pues el dinero que es malversado es dinero público, o sea, dinero de todos los contribuyentes, un dinero que debería destinarse a la inversión en obras públicas, pero del que algunos gobernantes hacen un uso indebido, desprestigiando de este modo la acción de la Política. Parece de ingenuos afirmarlo, pero creo sinceramente que la inmensa mayoría de los que se meten en Política lo hacen con vocación de ayudar a la ciudadanía, pero se encuentran luego ante un complejo entramado de corruptelas, enchufismos y amiguismos que les dificultan la tarea, obligándoles a someterse y a participar del mismo, a ser un diente más del engranaje, so pena de quedar excluido y bajo coacciones. Así pues, no te queda otra que ser cómplice de los abusos; a no ser que se dé un paso al frente y se cambie el sistema. Pero, ¿quién se atrevería a hacerlo? Y, lo más importante, ¿cómo habría de hacerse? ¿Cuál sería el método más efectivo de hacerlo?

La historia nos ha demostrado que hubo varios intentos de “limpieza” en la política española. Teniendo en cuenta que los expertos coinciden en que la corrupción se da en <<estados débiles, mal desarrollados, y con burocracias ineficientes, donde falta virtud cívica>> (pág 3), y que en España (pese a la descentralización) se puede observar en los tres niveles (central, comunidades autónomas y local), resulta interesante analizar, aunque sea someramente, los distintos escándalos de corrupción que se han sucedido a lo largo de la historia política española; más aún, desde la época de la Restauración hasta nuestros tiempos, y sus respectivos propósitos de enmienda.

El estudio comienza por los años finales del siglo XIX hasta la segunda década del siglo XX, el período conocido como Restauración. Durante esta época, la oligarquía y el caciquismo fueron imperantes, en palabras de Joaquín Costa, quien hablaba de “urgencia y modo de cambiarla” (pág 9). En el sistema diseñado por Cánovas del Castillo, la población rural profesaba fidelidad al caciquismo y a la corrupción, debido, sobre todo, al gran atraso económico. Cánovas del Castillo introdujo una alternancia pacífica en el poder, el sistema conocido como “turnismo”, entre Liberales y Conservadores, con el monarca como árbitro. Durante este período, el caciquismo y el clientelismo estuvieron a la orden del día. Entiéndase por uno y otro, según la RAE, como la “Intromisión abusiva de una persona o una autoridad en determinados asuntos, valiéndose de su poder o influencia” y el “Sistema de protección y amparo con que los poderosos patrocinan a quienes se acogen a ellos a cambio de su sumisión y de sus servicios”, respectivamente. Muestra del clientelismo político del período, son las palabras de Ramón Villares: <<la petición de favores era tan común, que se ha calculado que más de un tercio de los epistolarios conocidos de figuras políticas de la Restauración está compuesto por cartas de recomendación, activa o pasiva. Y en su mayoría se concentran en el entorno temporal de la celebración de elecciones; primero, con la petición de votos, y después, la concesión cuando posible de los favores pretendidos>> (pág 12).

Otro de los aspectos que destacaron durante este primer período analizado fue la corrupción electoral, mediante pucherazo o tupinada, es decir, la alteración del censo, excuyendo a hombres que cumplían los requisitos para tener derecho a voto, o la inclusión (y voto) de muertos en el censo o la suplantación de electores. A veces, incluso, se llegaba al extremo de que figuraran más votos que habitantes en un pueblo. Hoy en día no existe manipulación, al menos, casi nadie desconfía de los procesos electorales, pese a que escándalos recientes como el de Indra pudieran hacer crecer la sombra de la sospecha. Hay que recordar que Indra es la empresa investigada en relación a la financiación ilegal del PP, la misma que se encarga de llevar a cabo el recuento electoral en España. Políticos como Alberto Garzón o Pablo Espinar se apresuraron a mostrar los dedos acusadores y conspiranoicos sobre los últimos comicios. Decía el líder de Izquierda Unida que “También se investiga a Indra por financiar ilegalmente al PP. ¡Indra es la empresa que cuenta los votos de las elecciones en España!” (Garzón, 2017), a pesar de que las elecciones objeto de polémica fueron las de diciembre del 2015, precisamente las primeras que no fueron adjudicadas a Indra por primera vez desde que estamos en democracia, como señala El Confidencial: “Sorpresa y shock en Indra, la empresa participada por el Estado, la cual, por primera vez en la historia, ha perdido el gran contrato para hacer el recuento de los votos de unas elecciones generales. Las que se celebrarán el próximo 13 o 20 de diciembre, según el calendario de Mariano Rajoy, y que serán gestionadas por Scytl” (El Confidencial, 2015). En cualquier caso, verter tales sospechas (más aún, viniendo de un político), me parecen de una irresponsabilidad absoluta, incluso de un desconocimiento del procedimiento. Basta surfear y bucear un poco en la red para encontrar información sobre cómo funciona el proceso electoral. Tal manipulación electoral resultaría muy difícil porque, entre otras cosas, el recuento electoral nunca ha dependido de Indra, es “el presidente de cada mesa electoral quien extrae los sobres de la urna uno por uno y anuncia el nombre del candidato o del partido votado, enseñando la papeleta al resto de miembros de la mesa: vocales, interventores y apoderados. Y el escrutinio general es público y tutelado” (El Español, 2017), entre otras cosas. En resumen, no podemos (nunca mejor dicho) poner a la misma altura el caso de Indra con los pucherazos electorales de la Restauración.

Un hecho importante sobre la corrupción de esta época, es que las elecciones más sucias se dieron en 1901, pues se produjo un aumento de las coacciones explícitas a los electores (pág 15), si bien es cierto que la violencia física era mínima, al contrario de lo que se ha considerado. Además, el engranaje de electoral corrupto fue fallando a medida que la sociedad española se urbanizaba, pues durante los primeros años de la Restauración, <<ruralismo, pobreza [y] dependencia social constituían las condiciones de base sobre las que se asentaba la indiferencia política del electorado, ante sobre todo – como coincidían en señalar distintas fuentes de la época – a sus intereses particulares, familiares y económicos más inmediatos, y cuyo horizonte vital no trascendía, en cualquier caso, el ámbito de lo meramente local>> (pág 17).

Otros aspectos como la desinformación (había sobornos a los periodistas y periódicos recibían dinero para no publicar una noticia), los privilegios del ejército (se quería evitar que fuesen un elemento desestabilizador de la vida política de la Restauración borbónica), los lobbies de la época (ciertos sectores económicos ejercían influencia sobre los cuerpos ejecutivo y legislativo del Estado), o los antecedentes de las “puertas giratorias” (pág 34). La respuesta a toda esta podredumbre fue el regeneracionismo. <<” Se requería de acciones drásticas que permitieran extirpar aquella <<facción extraña>> que era la clase política (aboliendo también las elecciones y el parlamento) para que la nación pudiera redimirse – misión que debía acometerse mediante un cirujano de hierro que se apoyara en las élites intelectuales y económicas para realizar su trabajo” (pág 39). Sin embargo, las medidas resultaron inútiles, y en 1923 se produjo el golpe de Estado del general Primo de Rivera.

De esta época destacan las contradicciones del gobierno militar, que nació con el espíritu de luchar contra la corrupción, pero luego eliminaba de sus cargos a aquellos que presentaban informes contra la corrupción y que iban contrarios a sus intereses (ya sea contra Alfonso XIII o miembros del gobierno). Además, promulgó un decreto “anti puertas giratorias”, pero no para las propias empresas del régimen. En definitiva, “hizo evolucionar el caciquismo, pero no lo eliminó”.

De la época de la Segunda República, se deriva una ciudadanía más vigilante y participativa, gracias, entre otras cosas, al descenso del analfabetismo. Que pasó de un 52,35% a un 42,33% (pág 58). Además, para luchar contra la corrupción, se llevó a cabo una reforma agraria, aunque acabó teniendo el efecto contrario: <<La Ley de Reforma Agraria tal como se ha llevado a la práctica, basándose en la declaración de utilidad social, a juicio exclusivo de los mismos políticos, fue el arma más eficaz del escandaloso soborno empleado en las últimas elecciones>> (pág 61).

Durante la etapa del franquismo, la corrupción era inherente a la acción del Estado. El estraperlo, la autarquía, el extremo intervencionismo estatal, los negocios inmobiliarios, las trampas en las importaciones, etc.  La dictadura franquista facilitó los abusos de las clases privilegiadas buscando fidelizar adeptos. Y, lo peor de todo, fue el pacto de silencio que se “firmó” durante la Transición para dejar todo atrás y no juzgar los casos acaecidos durante la etapa dictatorial; desde 1996 hasta 2014 hubo hasta 409 indultos de condenados a corrupción (pág 91).

Ya en democracia, las prácticas corruptas han continuado, y desde los distintos partidos políticos, sin importar el color o la ideología, ni la posición en la pirámide social (ni la familia real se libra).

Todo ello se debe, seguramente, a la sensación de impunidad de los políticos. Pero tal sensación, gracias en parte a la labor de la prensa, parece que ha caído. Los políticos se saben ya vigilados y, cada vez más, se cuidarán de realizar prácticas contrarias a lo que se espera de ellos. Ya al final del libro, en la página 120, apunta Josep Maria de Sagarra: <<tiempo después, la gente se estremecía pensando cómo se habían podido tolerar tantas cosas. El que se toleraran y aceptaran era muy natural. Los políticos saben que no hay nada tan variable, tan embaucable, tan corruptible como una multitud>>. Pues bien, parece que esa multitud se ha cansado de que le embauquen, y se muestra más preocupada y vigilante ante las acciones de los políticos que la gobierna. Habrá que ver si, una vez superado el período de crisis económica y regresen las “vacas gordas”, tal vigilancia perdura.

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